Nº8 | Educación y gobierno: la ceguera ante lo esencial
Concluye un año particularmente pletórico de actividades y movilizaciones. El presente boletín pasará sucinta revista a las primeras a través de sus artículos, en especial aquellas inscriptas en el quehacer reflexivo; de las segundas, en concreto referimos a las vinculadas al presente del sistema educativo vernáculo y sus conflictos, corresponde por lo tanto a la siguiente reseña editorial.
La vinculación íntima entre poder y saber se traduce en la inmanencia del elemento político en la estructura de las funciones educativas.
La actualidad uruguaya en dicha materia aparece marcada por la conflictividad derivada de la asignación presupuestal por parte del gobierno. Al ingresar en las cámaras legislativas el proyecto de presupuesto correspondiente al próximo periodo quinquenal, los gremios de la educación adoptaron medidas en reclamo de un incremento de recursos (6% del producto bruto interno) para ANEP (Administración Nacional de Educación Pública) y Udelar (Universidad de la República). Declarada la Huelga Docente el gobierno decreta a su vez la esencialidad de la enseñanza (que supone la obligación de concurrir a trabajar so pena de destitución de quienes desacaten la medida). A lo largo y ancho del país maestros, profesores y estudiantes marchan y ocupan centros de estudios, movilizándose y desafiando el decreto, forzando, ante la crisis política desatada, el retiro de la medida autoritaria por parte del gobierno en un intento tardío de promover el difícil diálogo. Por otro parte la intransigencia gubernamental se plasma en el desalojo violento de las oficinas del CODICEN ocupadas por estudiantes liceales y desocupado a garrotazos por la guardia republicana, lo que provocó la resistencia de diversos sectores solidarizados con la lucha. Valiéndose de los medios de comunicación el gobierno criminalizó dichas protestas buscando interponer el descrédito de las medidas en la población, incrementando el recelo hacia los docentes iniciado en el gobierno de Mujica. Esto impide el desarrollo de un ámbito público que redunde en la dignificación del quehacer educativo, en una coyuntura marcada por la masificación y desigualdad cultural creciente, que la propia tecnología propicia a través de su impacto, entre quienes acceden a los beneficios y quienes no acceden sino a los artefactos.
La oposición a la política del gobierno alcanza todos los niveles de la educación, lo que aparece significativo si tenemos en cuenta la composición histórica del apoyo electoral y militante que ese sector prodigó históricamente al Frente Amplio. En particular el paro de primaria desestabiliza la sociedad desde su base, y marca el fortalecimiento de la movilización en defensa de la enseñanza. La crisis política desencadenada llevó incluso a renuncias entre los responsables (cambios en las jerarquías) del Ministerio de Educación y Cultura. El movimiento social hace frente a la avanzada neoliberal que pauperiza la educación y al control corporativo de la información, sumando fuerzas al margen de los partidos. Este conflicto ha señalado los límites del poder de Estado en la actualidad -cada vez más subordinado a la mundialización- ante los efectos de contragobierno –en este caso, reivindicaciones estudiantiles y educativas de claro arraigo democrático extrapartidario-. La movilización que obligó a retirar el decreto de esencialidad del trabajo docente en educación pública parece situarse, en la perspectiva de cierto desarrollo de la iniciativa popular, en consonancia con las movilizaciones que detuvieron el Tratado de Libre Comercio con EE.UU., en el primer periodo de Vázquez.
